El reclamo irrenunciable de soberanía sobre el Atlántico Sur
Los argentinos tenemos el deber irrenunciable de mantener el reclamo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y todo el archipiélago del Atlántico Sur, hoy bajo el yugo del poder pirata británico.
Escribo esto desde Ushuaia. Desde la ciudad capital de nuestras islas, la ciudad que mira al este con la convicción de que lo que está ahí, es parte del territorio fueguino... y por ende, parte del territorio argentino. Que siempre lo fue. Y que el reclamo de recuperarlo no caduca, no prescribe, no se negocia en ningún salón diplomático por más que los años pasen y la comodidad sugiera que ya es hora de aceptar lo que no se puede cambiar. No. No se acepta. No se renuncia. No se olvida.
Este artículo es un argumento y es también una declaración personal. Los argumentos tienen que poder sostenerse con hechos y con lógica, porque la pasión sola no convence a quien no la comparte de antemano. Pero la declaración personal también tiene su lugar: Malvinas no es solo una causa geopolítica abstracta. Es parte de lo que somos como argentinos, especialmente para quienes vivimos en el extremo sur del continente y sabemos que la distancia entre Ushuaia y las islas es de menos de ochocientos kilómetros (menos de 600 desde Río Grande), mientras que la distancia entre las islas y Londres es de trece mil.
El argumento histórico: La herencia que no se transfiere por conquista
La historia de la soberanía argentina sobre Malvinas comienza antes de que Argentina existiera como Estado independiente. Las islas fueron descubiertas y exploradas en el contexto del dominio español sobre el Río de la Plata. España estableció una colonia en la isla Soledad en 1764, que los ingleses llamaron East Falkland. Cuando Gran Bretaña intentó establecer su propio asentamiento en la isla Gran Malvina —West Falkland— en 1765, España protestó y en 1771 los ingleses se retiraron, reconociendo implícitamente la soberanía española sobre el archipiélago.
Cuando Argentina declaró su independencia en 1816, heredó de España, por el principio jurídico de uti possidetis juris, los territorios que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Las Malvinas eran parte de esos territorios. El gobierno argentino ejerció esa soberanía de manera efectiva: estableció una administración en las islas, nombró gobernadores, reguló la pesca y la caza de lobos marinos, y en 1820 el gobierno de Buenos Aires tomó posesión formal del archipiélago bajo bandera argentina.
La usurpación británica de 1833 —que es el término correcto, usurpación, no colonización ni ocupación, sino usurpación violenta de un territorio que pertenecía a otro Estado— fue un acto de fuerza pura y simple. La corbeta HMS Clio llegó a Puerto Soledad en enero de 1833, expulsó a las autoridades argentinas, arrió la bandera argentina y enarboló la británica. No hubo negociación, no hubo tratado, no hubo compra, no hubo ningún acto jurídico que transfiriera la soberanía. Hubo un barco de guerra y una orden. Eso es todo.
Argentina protestó de inmediato y nunca dejó de protestar. La continuidad del reclamo desde 1833 hasta hoy no es retórica: es el registro diplomático más largo e ininterrumpido de la historia argentina. Más de ciento noventa años de notas diplomáticas, de presentaciones ante organismos internacionales, de insistencia sobre un principio que ningún paso del tiempo puede borrar: que la soberanía no se adquiere por conquista en el derecho internacional moderno.
Gran Bretaña tomó las Malvinas en 1833 con un barco de guerra y una orden. Eso no es soberanía: es piratería. Y la piratería no prescribe en el derecho de las naciones cuando el agraviado no deja de reclamar.
El argumento jurídico: Lo que la ONU dijo y lo que Gran Bretaña Ignoró
El argumento de que el reclamo argentino es ilegítimo porque los isleños no quieren ser argentinos confunde dos principios que el derecho internacional distingue con claridad: la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. Estos dos principios no siempre apuntan en la misma dirección, y cuando entran en tensión, el derecho internacional establece criterios para resolverla.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 con el voto de Argentina y del Reino Unido, estableció que la cuestión de las Malvinas es una situación colonial que debe resolverse mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Nótese la distinción: los intereses, no la autodeterminación soberana. La misma resolución califica la situación como colonial, lo que implica que el principio aplicable no es la autodeterminación —que se aplica a pueblos sometidos a dominación colonial, no a poblaciones trasplantadas por la potencia colonial— sino la descolonización en favor del Estado territorial.
Esta posición fue reafirmada por las resoluciones 2353 de 1967, 3160 de 1973, y por numerosas declaraciones del Comité de Descolonización de la ONU que a lo largo de décadas instó al Reino Unido a negociar con Argentina. La posición del derecho internacional no es ambigua: Malvinas es una situación colonial pendiente de resolución y la potencia colonial es el Reino Unido, no Argentina.
El argumento de la autodeterminación que el gobierno británico esgrime tiene una contradicción interna que sus propios defensores raramente abordan con honestidad: la población actual de las islas no es un pueblo originario que reclama su autodeterminación frente a un colonizador. Es el resultado de la expulsión de la población hispanoparlante que vivía en las islas en 1833 y su reemplazo por colonos británicos. Invocar la autodeterminación de una población instalada por la potencia colonial para justificar la permanencia de la potencia colonial en el territorio que usurpó es un razonamiento circular que ningún sistema jurídico serio puede sostener con consistencia.
Si el principio de autodeterminación de los colonos trasplantados valiera como argumento soberano, cualquier potencia colonial que reemplazara a la población original de un territorio adquiriría con el tiempo un título inatacable sobre ese territorio. Esa conclusión no solo es inaceptable: contradice el propósito entero del proceso de descolonización de Naciones Unidas.
Los soldados de 1982: El heroísmo que no autoriza el olvido
La guerra de 1982 es el capítulo más doloroso y más complejo de la historia de Malvinas. El gobierno militar envió a jóvenes argentinos a recuperar las islas sin las condiciones mínimas de preparación, equipamiento, logística ni liderazgo que una operación militar responsable requiere. Usó una causa legítima —la soberanía argentina sobre Malvinas— para sus propios fines políticos internos, en un momento en que el gobierno de facto necesitaba desesperadamente un triunfo que distrajera de las cuestiones internas.
Eso es la historia política de 1982 y no tiene sentido ocultarla. Pero hay otra historia de 1982 que existe independientemente de la infamia de quienes tomaron la decisión: la historia de los soldados que fueron. Muchos de ellos: chicos de dieciocho, veinte años, conscriptos que no eligieron ir a ninguna guerra. Que sin embargo fueron, que pelearon con lo que tenían, que resistieron con una valentía que muchos de sus generales no merecían, que soportaron el frío de las islas en condiciones que ningún ser humano debería soportar, y que murieron o volvieron marcados para siempre por una experiencia que la sociedad argentina tardó demasiado en reconocer con la dignidad que merecía.
Los veteranos de Malvinas son parte de lo más doloroso de la historia argentina reciente: fueron usados por los militares de turno, ignorados por la democracia que la sucedió, estigmatizados durante años, y enfrentaron en silencio traumas que muchos no pudieron superar. La tasa de suicidios entre veteranos de Malvinas es una de las estadísticas más trágicas que produce la negligencia del Estado argentino hacia los que mandó a pelear. Ese dato merece toda la indignación que no se agota con los años.
Ninguna crítica al gobierno militar que usó Malvinas para sus propios fines puede ni debe proyectarse sobre los soldados que pelearon en las islas. Ellos no eligieron la guerra. Eligieron —o fueron obligados a elegir— servir a su país en las condiciones que les impusieron. Y lo hicieron con una dignidad que el regimiento político que los envió no tenía. El reclamo de soberanía sobre Malvinas es también, y de manera inseparable, el reclamo de que esos soldados no hayan muerto o sufrido en vano.
Muchos de los soldados de Malvinas fueron la Argentina real: jóvenes sin recursos, sin preparación suficiente, enviados por un gobierno que los traicionó antes de que partieran. Pelearon igual. Murieron igual. Merecen que el reclamo soberano que los convocó no se abandone jamás.
El Atlántico Sur y los intereses que el Reino Unido no menciona
Gran Bretaña presenta su presencia en las Malvinas como el cumplimiento de un deber hacia los isleños que quieren permanecer bajo la Corona. Es una narrativa simpática. Es también una narrativa que convenientemente omite los intereses estratégicos y económicos que hacen de las Malvinas un territorio de valor incomparable para una potencia que perdió su imperio pero no perdió el apetito por los recursos ajenos.
El Atlántico Sur es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. El paso entre el extremo sur de América y la Antártida —que las Malvinas dominan geográficamente— conecta el Atlántico con el Pacífico y es una ruta alternativa al Canal de Panamá de valor incalculable en términos de logística militar y comercial. Quien controla las Malvinas tiene proyección sobre ese paso y sobre una porción enorme del Atlántico Sur.
La plataforma continental argentina —cuya extensión fue reconocida por la ONU en 2016 en un fallo que amplió el territorio marítimo argentino en 1,7 millones de kilómetros cuadrados— contiene recursos pesqueros, minerales y potencialmente hidrocarburíferos de magnitud. La zona de exclusión pesquera que el Reino Unido administra alrededor de las Malvinas genera ingresos significativos por licencias de pesca que corresponderían a Argentina. Los estudios sobre hidrocarburos en la plataforma malvinense son motivo de disputa permanente.
Y está la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 congela los reclamos de soberanía sobre el continente helado, pero ese congelamiento no es eterno. La Argentina tiene reclamos antárticos que se superponen con los británicos. Las Malvinas son la base de proyección más conveniente hacia la Antártida desde el Atlántico Sur. Quien tenga las Malvinas tendrá ventaja en cualquier eventual renegociación del Tratado Antártico.
Que el Reino Unido invierte anualmente sumas considerables en la militarización de las islas —con una base aérea de última generación, con misiles, con una fragata permanente— no es por amor a los tres mil isleños que habitan el archipiélago. Es por los recursos, por la posición estratégica, por la proyección hacia la Antártida, y por el símbolo que representan para una potencia que necesita demostrar que todavía tiene capacidad de proyección global.
El Reino Unido no está en Malvinas por los isleños. A Londres le interesan menos de un gramo de comino los "kelpers". Está en Malvinas por el Atlántico Sur, por la Antártida, por el petróleo, por la pesca, y por el orgullo de una potencia que sabe que cada territorio que abandona es un paso más hacia la irrelevancia global. Todo lo demás es narrativa.
La mirada desde Ushuaia: conclusiones finales
El reclamo de soberanía sobre las Malvinas no es una nostalgia ni un capricho nacionalista (aunque yo me considere uno). Es la aplicación de principios de derecho internacional que el propio Reino Unido proclama cuando le conviene y suspende cuando no. Es el reconocimiento de que la conquista por la fuerza no genera título jurídico en el mundo moderno. Es la memoria de los jóvenes argentinos que murieron en las islas con valentía. Y es la conciencia geopolítica de que el Atlántico Sur y la Antártida son el futuro estratégico de Argentina, y que resignar la soberanía malvinense es resignar una parte central de ese futuro.
La vía es la diplomacia, la presión internacional, el trabajo permanente en los foros multilaterales, la alianza con los países que comparten el principio de que el colonialismo del siglo XIX no puede perpetuarse en el siglo XXI. No la guerra, que en 1982 demostró que la causa justa no alcanza cuando la conducción militar es una catástrofe.
Pero tampoco el abandono. Tampoco la resignación disfrazada de pragmatismo. Tampoco la decisión de que ya es demasiado complicado y que conviene normalizar las relaciones con el Reino Unido y no molestar más.
Malvinas es nuestra. Seguirá siéndolo. Y desde acá, desde Ushuaia, en el extremo sur del mundo, desde la ciudad que mira hacia las islas con la certeza de quien sabe lo que ve, ese reclamo no se negocia ni se abandona.
Las Malvinas son argentinas.
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— Fin del comunicado del capitán—
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