MALVINAS: NUESTRA PERLA AUSTRAL

El reclamo irrenunciable de soberanía sobre el Atlántico Sur

Los argentinos tenemos el deber irrenunciable de mantener el reclamo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y todo el archipiélago del Atlántico Sur, hoy bajo el yugo del poder pirata británico.

Escribo esto desde Ushuaia. Desde la ciudad capital de nuestras islas, la ciudad que mira al este con la convicción de que lo que está ahí, es parte del territorio fueguino... y por ende, parte del territorio argentino. Que siempre lo fue. Y que el reclamo de recuperarlo no caduca, no prescribe, no se negocia en ningún salón diplomático por más que los años pasen y la comodidad sugiera que ya es hora de aceptar lo que no se puede cambiar. No. No se acepta. No se renuncia. No se olvida.

Este artículo es un argumento y es también una declaración personal. Los argumentos tienen que poder sostenerse con hechos y con lógica, porque la pasión sola no convence a quien no la comparte de antemano. Pero la declaración personal también tiene su lugar: Malvinas no es solo una causa geopolítica abstracta. Es parte de lo que somos como argentinos, especialmente para quienes vivimos en el extremo sur del continente y sabemos que la distancia entre Ushuaia y las islas es de menos de ochocientos kilómetros (menos de 600 desde Río Grande), mientras que la distancia entre las islas y Londres es de trece mil.

El argumento histórico: La herencia que no se transfiere por conquista

La historia de la soberanía argentina sobre Malvinas comienza antes de que Argentina existiera como Estado independiente. Las islas fueron descubiertas y exploradas en el contexto del dominio español sobre el Río de la Plata. España estableció una colonia en la isla Soledad en 1764, que los ingleses llamaron East Falkland. Cuando Gran Bretaña intentó establecer su propio asentamiento en la isla Gran Malvina —West Falkland— en 1765, España protestó y en 1771 los ingleses se retiraron, reconociendo implícitamente la soberanía española sobre el archipiélago.

Cuando Argentina declaró su independencia en 1816, heredó de España, por el principio jurídico de uti possidetis juris, los territorios que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata. Las Malvinas eran parte de esos territorios. El gobierno argentino ejerció esa soberanía de manera efectiva: estableció una administración en las islas, nombró gobernadores, reguló la pesca y la caza de lobos marinos, y en 1820 el gobierno de Buenos Aires tomó posesión formal del archipiélago bajo bandera argentina.

La usurpación británica de 1833 —que es el término correcto, usurpación, no colonización ni ocupación, sino usurpación violenta de un territorio que pertenecía a otro Estado— fue un acto de fuerza pura y simple. La corbeta HMS Clio llegó a Puerto Soledad en enero de 1833, expulsó a las autoridades argentinas, arrió la bandera argentina y enarboló la británica. No hubo negociación, no hubo tratado, no hubo compra, no hubo ningún acto jurídico que transfiriera la soberanía. Hubo un barco de guerra y una orden. Eso es todo.

Argentina protestó de inmediato y nunca dejó de protestar. La continuidad del reclamo desde 1833 hasta hoy no es retórica: es el registro diplomático más largo e ininterrumpido de la historia argentina. Más de ciento noventa años de notas diplomáticas, de presentaciones ante organismos internacionales, de insistencia sobre un principio que ningún paso del tiempo puede borrar: que la soberanía no se adquiere por conquista en el derecho internacional moderno.

Gran Bretaña tomó las Malvinas en 1833 con un barco de guerra y una orden. Eso no es soberanía: es piratería. Y la piratería no prescribe en el derecho de las naciones cuando el agraviado no deja de reclamar.

El argumento jurídico: Lo que la ONU dijo y lo que Gran Bretaña Ignoró

El argumento de que el reclamo argentino es ilegítimo porque los isleños no quieren ser argentinos confunde dos principios que el derecho internacional distingue con claridad: la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados. Estos dos principios no siempre apuntan en la misma dirección, y cuando entran en tensión, el derecho internacional establece criterios para resolverla.

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 con el voto de Argentina y del Reino Unido, estableció que la cuestión de las Malvinas es una situación colonial que debe resolverse mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Nótese la distinción: los intereses, no la autodeterminación soberana. La misma resolución califica la situación como colonial, lo que implica que el principio aplicable no es la autodeterminación —que se aplica a pueblos sometidos a dominación colonial, no a poblaciones trasplantadas por la potencia colonial— sino la descolonización en favor del Estado territorial.

Esta posición fue reafirmada por las resoluciones 2353 de 1967, 3160 de 1973, y por numerosas declaraciones del Comité de Descolonización de la ONU que a lo largo de décadas instó al Reino Unido a negociar con Argentina. La posición del derecho internacional no es ambigua: Malvinas es una situación colonial pendiente de resolución y la potencia colonial es el Reino Unido, no Argentina.

El argumento de la autodeterminación que el gobierno británico esgrime tiene una contradicción interna que sus propios defensores raramente abordan con honestidad: la población actual de las islas no es un pueblo originario que reclama su autodeterminación frente a un colonizador. Es el resultado de la expulsión de la población hispanoparlante que vivía en las islas en 1833 y su reemplazo por colonos británicos. Invocar la autodeterminación de una población instalada por la potencia colonial para justificar la permanencia de la potencia colonial en el territorio que usurpó es un razonamiento circular que ningún sistema jurídico serio puede sostener con consistencia.

Si el principio de autodeterminación de los colonos trasplantados valiera como argumento soberano, cualquier potencia colonial que reemplazara a la población original de un territorio adquiriría con el tiempo un título inatacable sobre ese territorio. Esa conclusión no solo es inaceptable: contradice el propósito entero del proceso de descolonización de Naciones Unidas.

Los soldados de 1982: El heroísmo que no autoriza el olvido

La guerra de 1982 es el capítulo más doloroso y más complejo de la historia de Malvinas. El gobierno militar envió a jóvenes argentinos a recuperar las islas sin las condiciones mínimas de preparación, equipamiento, logística ni liderazgo que una operación militar responsable requiere. Usó una causa legítima —la soberanía argentina sobre Malvinas— para sus propios fines políticos internos, en un momento en que el gobierno de facto necesitaba desesperadamente un triunfo que distrajera de las cuestiones internas.

Eso es la historia política de 1982 y no tiene sentido ocultarla. Pero hay otra historia de 1982 que existe independientemente de la infamia de quienes tomaron la decisión: la historia de los soldados que fueron. Muchos de ellos: chicos de dieciocho, veinte años, conscriptos que no eligieron ir a ninguna guerra. Que sin embargo fueron, que pelearon con lo que tenían, que resistieron con una valentía que muchos de sus generales no merecían, que soportaron el frío de las islas en condiciones que ningún ser humano debería soportar, y que murieron o volvieron marcados para siempre por una experiencia que la sociedad argentina tardó demasiado en reconocer con la dignidad que merecía.

Los veteranos de Malvinas son parte de lo más doloroso de la historia argentina reciente: fueron usados por los militares de turno, ignorados por la democracia que la sucedió, estigmatizados durante años, y enfrentaron en silencio traumas que muchos no pudieron superar. La tasa de suicidios entre veteranos de Malvinas es una de las estadísticas más trágicas que produce la negligencia del Estado argentino hacia los que mandó a pelear. Ese dato merece toda la indignación que no se agota con los años.

Ninguna crítica al gobierno militar que usó Malvinas para sus propios fines puede ni debe proyectarse sobre los soldados que pelearon en las islas. Ellos no eligieron la guerra. Eligieron —o fueron obligados a elegir— servir a su país en las condiciones que les impusieron. Y lo hicieron con una dignidad que el regimiento político que los envió no tenía. El reclamo de soberanía sobre Malvinas es también, y de manera inseparable, el reclamo de que esos soldados no hayan muerto o sufrido en vano.

Muchos de los soldados de Malvinas fueron la Argentina real: jóvenes sin recursos, sin preparación suficiente, enviados por un gobierno que los traicionó antes de que partieran. Pelearon igual. Murieron igual. Merecen que el reclamo soberano que los convocó no se abandone jamás.

El Atlántico Sur y los intereses que el Reino Unido no menciona

Gran Bretaña presenta su presencia en las Malvinas como el cumplimiento de un deber hacia los isleños que quieren permanecer bajo la Corona. Es una narrativa simpática. Es también una narrativa que convenientemente omite los intereses estratégicos y económicos que hacen de las Malvinas un territorio de valor incomparable para una potencia que perdió su imperio pero no perdió el apetito por los recursos ajenos.

El Atlántico Sur es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. El paso entre el extremo sur de América y la Antártida —que las Malvinas dominan geográficamente— conecta el Atlántico con el Pacífico y es una ruta alternativa al Canal de Panamá de valor incalculable en términos de logística militar y comercial. Quien controla las Malvinas tiene proyección sobre ese paso y sobre una porción enorme del Atlántico Sur.

La plataforma continental argentina —cuya extensión fue reconocida por la ONU en 2016 en un fallo que amplió el territorio marítimo argentino en 1,7 millones de kilómetros cuadrados— contiene recursos pesqueros, minerales y potencialmente hidrocarburíferos de magnitud. La zona de exclusión pesquera que el Reino Unido administra alrededor de las Malvinas genera ingresos significativos por licencias de pesca que corresponderían a Argentina. Los estudios sobre hidrocarburos en la plataforma malvinense son motivo de disputa permanente.

Y está la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 congela los reclamos de soberanía sobre el continente helado, pero ese congelamiento no es eterno. La Argentina tiene reclamos antárticos que se superponen con los británicos. Las Malvinas son la base de proyección más conveniente hacia la Antártida desde el Atlántico Sur. Quien tenga las Malvinas tendrá ventaja en cualquier eventual renegociación del Tratado Antártico.

Que el Reino Unido invierte anualmente sumas considerables en la militarización de las islas —con una base aérea de última generación, con misiles, con una fragata permanente— no es por amor a los tres mil isleños que habitan el archipiélago. Es por los recursos, por la posición estratégica, por la proyección hacia la Antártida, y por el símbolo que representan para una potencia que necesita demostrar que todavía tiene capacidad de proyección global.

El Reino Unido no está en Malvinas por los isleños. A Londres le interesan menos de un gramo de comino los "kelpers". Está en Malvinas por el Atlántico Sur, por la Antártida, por el petróleo, por la pesca, y por el orgullo de una potencia que sabe que cada territorio que abandona es un paso más hacia la irrelevancia global. Todo lo demás es narrativa.

La mirada desde Ushuaia: conclusiones finales

El reclamo de soberanía sobre las Malvinas no es una nostalgia ni un capricho nacionalista (aunque yo me considere uno). Es la aplicación de principios de derecho internacional que el propio Reino Unido proclama cuando le conviene y suspende cuando no. Es el reconocimiento de que la conquista por la fuerza no genera título jurídico en el mundo moderno. Es la memoria de los jóvenes argentinos que murieron en las islas con valentía. Y es la conciencia geopolítica de que el Atlántico Sur y la Antártida son el futuro estratégico de Argentina, y que resignar la soberanía malvinense es resignar una parte central de ese futuro.

La vía es la diplomacia, la presión internacional, el trabajo permanente en los foros multilaterales, la alianza con los países que comparten el principio de que el colonialismo del siglo XIX no puede perpetuarse en el siglo XXI. No la guerra, que en 1982 demostró que la causa justa no alcanza cuando la conducción militar es una catástrofe.

Pero tampoco el abandono. Tampoco la resignación disfrazada de pragmatismo. Tampoco la decisión de que ya es demasiado complicado y que conviene normalizar las relaciones con el Reino Unido y no molestar más.

Malvinas es nuestra. Seguirá siéndolo. Y desde acá, desde Ushuaia, en el extremo sur del mundo, desde la ciudad que mira hacia las islas con la certeza de quien sabe lo que ve, ese reclamo no se negocia ni se abandona.

Las Malvinas son argentinas.

Las imágenes de este artículo, corresponden a publicaciones realizadas bajo licencia creative commons

— Fin del comunicado del capitán—

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MI YUGOSLAVIA Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO OCCIDENTAL

Моја Југославија

Hoy recordamos un nuevo aniversario del inicio de las acciones ilegítimas de la OTAN contra Yugoslavia. Acciones que comenzaron el 24 de marzo de 1999 y que durante 78 días convirtieron a una nación soberana en el blanco de la alianza militar más poderosa de la historia. Acciones que destruyeron puentes, hospitales, fábricas, televisoras, embajadas, trenes en movimiento. Acciones que mataron civiles —entre ellos varios periodistas de la RTS, la televisión estatal serbia, cuyo edificio fue deliberadamente bombardeado— y que nadie en Occidente recuerda con la misma intensidad con que recuerda sus propias víctimas.

La OTAN. Cuyo verdadero significado, en función de lo que hizo en Yugoslavia, debería ser Organización Terrorista del Atlántico Norte. Lo digo sin dramatismo y sin hipérbole: lo digo como descripción de los hechos. Una organización que bombardea un país soberano durante 78 días sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, sin declaración de guerra, matando civiles y destruyendo infraestructura civil, está cometiendo exactamente lo que el derecho internacional define como acto de agresión. Que lo haga con aviones modernos y discursos sobre los “derechos humanos” (y esto último muy entre comillas) no cambia la naturaleza del acto.

Escribo esto desde una posición que no es neutral ni pretende serlo. Llevo sangre serbia en las venas. Yugoslavia es, para mí, el país de mis antepasados. Y lo que le hicieron en 1999, veintisiete años después, sigue siendo una herida que la historia no cerró porque la injusticia no cierra sola: la cierra la verdad dicha con claridad o no la cierra nadie.

Yugoslavia no es para mí un nombre en los libros de historia. Es el país de donde vino parte de lo que soy. Las iglesias ortodoxas medievales de Serbia, con sus frescos que los cruzados y los otomanos no lograron destruir del todo, son mis iglesias. Los santos serbios —San Sava, San Lázaro, los mártires de Kosovo— son mis santos. El cirílico que aprendí a través del ruso resuena en mí con una familiaridad que va más allá del aprendizaje lingüístico porque tiene raíces que llegan antes que yo.

Cuando la OTAN bombardeó Belgrado en 1999, bombardeó también Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak. Ciudades que para muchos no dicen nada pero que en la historia de mi familia sí dicen algo. No sé exactamente de dónde en Serbia eran todos mis familiares. Nunca lo supe. Pero sé que eran de ahí, de ese pueblo que Occidente decidió bombardear 78 días porque no encajaba en el nuevo orden que diseñaban los que (supuestamente) habían ganado la Guerra Fría.

La memoria de Yugoslavia no es solo historia. Es también el ejercicio de honrar a los que vinieron antes, de no dejar que el olvido sea la forma más barata de rendición. Yugoslavia existió. Fue destruida. Esa destrucción tuvo responsables con nombres y apellidos que nunca rindieron cuentas. Y el pueblo serbio, que en ese bombardeo perdió a sus civiles, sus puentes, su televisora y una parte de su territorio, sigue siendo el mismo pueblo que en el siglo XIV, en el Campo de los Mirlos, eligió el reino celestial sobre el reino terreno y fue masacrado por ello.

Yugoslavia, el país que occidente decidió destruir

Para entender el bombardeo de 1999 hay que entender qué era Yugoslavia y por qué su existencia resultaba incómoda para ciertos intereses. Yugoslavia —la tierra de los eslavos del sur— fue durante décadas uno de los experimentos políticos más interesantes del siglo XX: un Estado multiétnico, multinacional y multireligioso que logró durante cuarenta años mantener juntos a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y montenegrinos, a ortodoxos, latinos y musulmanes, bajo una estructura federal que, con todos sus déficits, era funcional.

El mariscal Tito, que lideró Yugoslavia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1980, tuvo la habilidad de mantener a su país fuera del bloque soviético sin entrar en el bloque occidental. Yugoslavia fue cofundadora del Movimiento de Países No Alineados, la alternativa a la lógica de bloques de la Guerra Fría. Esa autonomía la convertía en un modelo peligroso: demostraba que era posible existir soberanamente sin rendirle pleitesía a ninguna de las superpotencias.

La implosión de Yugoslavia en los noventa fue el resultado de una combinación de factores internos —el ascenso de los nacionalismos, la crisis económica, los errores del liderazgo post-Tito— y externos. Los externos incluyen el apoyo activo de potencias occidentales a las fuerzas separatistas en distintos momentos del conflicto. Yugoslavia no se disolvió sola: fue lisa y llanamente desmembrada, y el desmembramiento tuvo en esos actores externos muchos intereses precisos.

El Kosovo de 1999 fue el último acto de esa desmembración. El Ejército de Liberación de Kosovo —UCK en sus siglas albanesas— era una organización que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos había catalogado como terrorista en 1998. En 1999, esa misma organización era el aliado de la OTAN ¿Suena a figurita repetida?. El cambio de categoría no reflejó ningún cambio en la conducta del UCK: reflejó un cambio en la utilidad política de ese actor para los objetivos de la alianza atlántica.

Occidente llamó intervención humanitaria al bombardeo de un país soberano sin mandato de la ONU. Llamó terroristas a los que resistían. Llamó liberadores a los que bombardeaban. El manual retórico es siempre el mismo. Solo cambian las víctimas.

La Ilicitud del bombardeo: Lo que el derecho internacional dice

El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999 fue ilegal bajo el derecho internacional vigente. Esta no es una afirmación polémica: es la conclusión a la que llegaron numerosos juristas, incluyendo varios de tradición occidental, que examinaron el caso con los instrumentos del derecho internacional positivo.

La ausencia de mandato del consejo de seguridad 

La Carta de las Naciones Unidas establece con claridad que el uso de la fuerza entre Estados requiere, salvo legítima defensa ante un ataque armado en curso, la autorización del Consejo de Seguridad. La OTAN no obtuvo esa autorización. Rusia y China, miembros permanentes del Consejo con poder de veto, se opusieron. En lugar de respetar el sistema que Occidente mismo construyó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la guerra unilateral, la alianza decidió simplemente ignorarlo.

La justificación que se intentó construir —la intervención humanitaria como nuevo principio de derecho internacional que no requiere mandato del Consejo— fue rechazada por la mayoría de los juristas internacionales, incluyendo la propia Comisión Internacional Independiente sobre Kosovo, que en su informe de 2000 caracterizó el bombardeo como «ilegal pero legítimo». Una construcción que muchos señalaron como un oxímoron jurídico: si la ilegalidad puede ser legítima, entonces la legalidad deja de ser el criterio. Lo que queda es el poder del más fuerte.

Los objetivos civiles 

El derecho internacional humanitario prohíbe el ataque sobre objetivos civiles. El bombardeo de la OTAN destruyó el edificio de la Radio Televisión de Serbia el 23 de abril de 1999, matando a 16 trabajadores civiles. El propio Javier Solana, Secretario General de la OTAN en ese momento, reconoció que el objetivo era la capacidad de comunicación del gobierno. Eso es exactamente lo que el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra prohíbe cuando el resultado previsible son bajas civiles desproporcionadas respecto al objetivo militar.

El uso de munición de uranio empobrecido en los bombardeos —cuyas consecuencias sobre la salud de la población civil en las zonas afectadas siguen documentándose décadas después— es otro aspecto del que los medios occidentales prefieren no hablar. Los aumentos de cáncer y malformaciones congénitas en Kosovo y Serbia asociados a la contaminación por uranio empobrecido están documentados por investigaciones médicas independientes. Nadie rindió cuentas.

El bombardeo de Yugoslavia fue el momento en que la OTAN decidió que el derecho internacional era opcional cuando los intereses de sus miembros lo requerían. Esa decisión tiene consecuencias que seguimos viendo: Iraq, Libia, Siria, Gaza, Irán. El manual es el mismo. Solo se actualizan los nombres.

El patrón que se repite. De Yugoslavia a Irán

Lo que ocurrió en Yugoslavia en 1999 no fue un episodio aislado: fue el primer ensayo de un patrón que Occidente repetiría con variaciones en las décadas siguientes. El patrón tiene siempre los mismos elementos: una narrativa humanitaria que justifica la intervención, la invisibilización de la complejidad y de los actores que no encajan en el relato, la ausencia de mandato legal compensada con la suficiencia moral del más poderoso, y la ausencia total de rendición de cuentas cuando los resultados producen más destrucción que solución.

Iraq en 2003: armas de destrucción masiva que no existían, un país destruido, más de un millón de muertos según estimaciones conservadoras, el surgimiento del ISIS como consecuencia directa del vacío de poder creado por la invasión. Nadie rindió cuentas. Tony Blair y George W. Bush siguieron sus vidas con total impunidad.

Libia en 2011: una resolución del Consejo de Seguridad autorizada para proteger civiles convertida en cobertura para un cambio de régimen completo. El país más próspero de África antes de la intervención convertido en Estado fallido con mercados de esclavos documentados por periodistas de la ONU. Nadie rindió cuentas.

Palestina, Siria, Líbano y ahora Irán en 2026. El patrón continúa. Lo que cambia es la geografía y el vocabulario. Lo que no cambia es la impunidad de quienes deciden, la invisibilidad de quienes sufren, y la ausencia de consecuencias para quienes violan el derecho internacional cuando tienen suficiente poder para hacerlo.

En definitiva lo que les hicieron a los serbios en 1999 con el mismo discurso de derechos humanos con que le hacen a otros lo que les hacen hoy me interpela de una manera que no puedo ignorar. Porque el principio que viola el bombardeo de Belgrado es el mismo principio que viola el bombardeo de los palestinos... de los sirios... de los libaneses... de los iraníes, etc. Y la sangre de los inocentes tiene el mismo peso independientemente de su pasaporte.

No hay intervención humanitaria que justifique matar civiles. No hay defensa de los derechos humanos que se construya sobre cadáveres de periodistas y niños. No hay orden internacional basado en reglas que funcione cuando las reglas solo aplican a los débiles.

La identidad que ningún bombardeo puede destruir

El pueblo serbio lleva más de quinientos años de experiencia en sobrevivir a imperios que quisieron borrarlo. El Imperio Otomano los sometió durante cinco siglos y no logró destruir ni su fe ni su identidad. El nazismo los masacró en la Segunda Guerra Mundial —un millón de serbios muertos, proporciones de exterminio comparables al Holocausto— y no logró destruirlos. La OTAN los bombardeó 78 días en 1999, les arrancó Kosovo —la cuna histórica de la nación serbia, el lugar donde están sus monasterios más sagrados— y no logró destruirlos.

Hay algo en el alma eslava ortodoxa que aprende a sobrevivir en el sufrimiento sin perder la fe. Lo hemos visto en los mártires rusos del siglo XX. Lo vemos en los monjes del Monte Athos que rezan el mismo oficio que rezaban hace mil años como si el tiempo que pasa afuera de los muros del monasterio fuera un detalle. Lo vemos en los sacerdotes serbios que siguieron celebrando la liturgia durante los bombardeos. No como heroísmo performativo: como fidelidad a algo que trasciende la circunstancia histórica y que ninguna bomba puede alcanzar.

La OTAN bombardeó Belgrado. No bombardeó la memoria. No bombardeó la fe. No bombardeó el canto litúrgico que los serbios llevan siglos cantando en iglesias que sobrevivieron a los otomanos y a los nazis y que sobrevivirán también a este orden mundial que se cree eterno y que no lo es.

Вечна памјат мученицима неправедне агресије. Њихови животи су светлост наше историје, а њихова жртва нас подсећа да су пред Богом и људима Косово и Метохија срце Србије. / Memoria eterna a los mártires de la agresión injusta. Sus vidas son la luz de nuestra historia y su sacrificio nos recuerda que, ante Dios y los hombres, Kosovo es y será el corazón de Serbia.

— Fin del comunicado del capitán—

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LA LOCURA OCCIDENTAL Y LA EXCURSIÓN DE TRUMP

Sobre la guerra contra Irán, el derecho internacional y las preguntas que nadie responde

«Excursión». Esa fue la palabra que eligió Donald Trump para describir la Operación Epic Fury: la campaña militar conjunta con Israel lanzada el 28 de febrero de 2026 sobre Irán, en la que más de 7.000 objetivos fueron alcanzados en tres semanas, en la que murieron más de 3.100 personas según la ONG iraní HRANA —más de 1.350 de ellas civiles—, en la que una escuela primaria de niñas en Minab fue alcanzada el primer día de operaciones, y en la que el líder supremo Ayatolá Alí Jamenei fue asesinado en un ataque sobre su despacho en Teherán. Todo eso reducido a la banalidad de una excursión. Una salida de fin de semana. Un paseo.

El lenguaje no es inocente en política. Quien elige las palabras elige también el marco dentro del cual se va a leer la realidad. Llamar excursión a una guerra de esta escala es una operación de ingeniería semántica que ya analizamos en estas páginas cuando hablamos del eufemismo en el debate sobre el aborto: el mismo mecanismo, aplicado ahora a la destrucción de un Estado soberano. La misma lógica que convierte «asesinato» en «interrupción voluntaria del embarazo» convierte una guerra de agresión en una excursión bien gestionada.

Quiero hacer en este post las preguntas que el discurso oficial evita, examinar los hechos que los medios hegemónicos presentan de manera sesgada, y analizar las consecuencias geopolíticas de lo que está ocurriendo. Sin simpatías ideológicas —ni por el gobierno de los ayatolás ni por el régimen de Netanyahu ni por la administración Trump— y con foco en el único criterio que me parece objetivamente válido para juzgar estas acciones: el derecho internacional.

Los hechos: Lo que ocurrió y cómo se lo llamó

Los hechos documentados son los siguientes. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados sobre Irán mientras representantes de ambos países negociaban indirectamente con Teherán sobre el programa nuclear iraní. La operación estadounidense fue denominada Epic Fury; la israelí, Roaring Lion. En el primer día de operaciones, un ataque alcanzó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab. El Pentágono dijo estar «revisando los informes» sobre bajas civiles.

Los hechos documentados son los siguientes. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados sobre Irán mientras representantes de ambos países negociaban indirectamente con Teherán sobre el programa nuclear iraní. La operación estadounidense fue denominada Epic Fury; la israelí, Roaring Lion. En el primer día de operaciones, un ataque alcanzó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab. El Pentágono dijo estar «revisando los informes» sobre bajas civiles.

En las semanas siguientes, los ataques alcanzaron instalaciones nucleares, bases militares, ministerios, el edificio del parlamento iraní, la sede de la televisión estatal, y el complejo donde se encontraba Jamenei. Al momento de escribir este artículo, las cifras documentadas por fuentes independientes superan los 3.100 muertos en Irán —incluyendo más de 1.350 civiles— y más de 18.500 heridos. En paralelo, Irán respondió con ataques de misiles y drones sobre Israel, bases estadounidenses en Bahréin, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, causando también bajas en esos países, incluyendo 13 soldados estadounidenses muertos confirmados por el Pentágono.

Trump describió la operación como «adelantada respecto del cronograma» y declaró que Irán ya no tenía «ni armada, ni fuerza aérea, ni radares». Llamó al asesinato de Jamenei «la mayor oportunidad» para el pueblo iraní. Al ser consultado sobre las bajas estadounidenses, dijo que «probablemente habrá más». Todo esto en el registro de gestor satisfecho, no de estadista que asume la gravedad de una guerra.

Una escuela primaria de niñas fue alcanzada el primer día de operaciones. El Pentágono dijo estar revisando los informes. El presidente llamó al conjunto de la operación una «excursión».

La ilicitud del ataque: Preguntas de derecho internacional

La primera pregunta que hay que hacer, y que sorprendentemente pocos medios occidentales formulan con claridad, es si este ataque es legal bajo el derecho internacional. La respuesta, examinada con los instrumentos que el propio Occidente construyó para regular el uso de la fuerza entre Estados, es *negativa* en aspectos centrales.

El Artículo 2.4 de la Carta de la ONU 

La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe a los Estados «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Las excepciones reconocidas son dos: la legítima defensa ante un ataque armado en curso (artículo 51) y la autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de las dos se aplica sin controversia en este caso.

El argumento de la legítima defensa preventiva —que Israel y Estados Unidos han invocado implícitamente apelando al programa nuclear iraní como «amenaza existencial»— no está reconocido como tal en el derecho internacional positivo. La Carta exige un ataque armado en curso o inminente de manera suficientemente verificable. La ONU no autorizó estas operaciones. El Consejo de Seguridad no emitió ninguna resolución en ese sentido, entre otras razones porque Estados Unidos tiene poder de veto y lo usa sistemáticamente para proteger sus operaciones y las de Israel de toda rendición de cuentas institucional.

El argumento nuclear merece un análisis separado. Irán había suspendido su programa de armas nucleares mediante fatwa del propio Jamenei en 2003 y había firmado el JCPOA en 2015. Fue precisamente la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018, durante el primer mandato de Trump, lo que desató la escalada posterior en el enriquecimiento de uranio iraní. Atacar a Irán por las consecuencias de una política que el propio atacante generó tiene una coherencia jurídica y moral que requiere cierta disposición a no ver.

El derecho internacional humanitario y la escuela de Minab 

Más allá de la legalidad del inicio de las hostilidades, el derecho internacional humanitario —los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales— establece principios que deben regir la conducción de cualquier conflicto armado: distinción entre objetivos militares y civiles, proporcionalidad, precaución. El ataque sobre la escuela primaria Shajareh Tayyebeh el primer día de operaciones, sea intencional o no, activa la obligación de investigación y rendición de cuentas que el Pentágono no parece apresurado en cumplir.

La declaración del portavoz del CENTCOM —«la protección de civiles es de suma importancia y nunca hemos atacado ni atacaremos civiles»— choca con el hecho documentado de que una escuela fue alcanzada y de que la organización Human Rights Activists in Iran registró más de 1.350 civiles muertos en tres semanas de operaciones. Las palabras son una cosa. Los muertos son otra.

El derecho internacional no es un instrumento que las potencias occidentales puedan invocar cuando les conviene y suspender cuando no. O es un sistema con pretensión de universalidad o es una retórica de legitimación del poder. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.

¿Quién gobierna los Estados Unidos? El poder detrás de la política exterior

La segunda pregunta que el texto base formula con toda pertinencia es: ¿quién le da al gobierno estadounidense la autoridad para creerse policía del mundo? Y más fundamentalmente: ¿quién gobierna realmente los Estados Unidos en materia de política exterior de Medio Oriente?

La pregunta no es conspirativa: es institucional. El Congreso estadounidense no declaró la guerra a Irán. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la potestad exclusiva de declarar la guerra, y esa potestad ha sido sistemáticamente erosionada desde la Segunda Guerra Mundial mediante autorizaciones genéricas —las AUMF— que permiten al ejecutivo usar la fuerza con criterios cada vez más amplios y menos supervisados. La Operación Epic Fury fue lanzada sin una declaración formal de guerra al Congreso. Trump invocó poderes ejecutivos de emergencia y la amenaza al pueblo estadounidense como justificación. El Congreso, dividido y paralizado, no frenó nada.

Detrás de esa estructura institucional funciona un complejo de intereses que los politólogos llevan décadas describiendo: el lobby israelí —cuya influencia sobre el Congreso y la política exterior estadounidense está documentada académicamente desde los trabajos de Mearsheimer y Walt— los intereses del complejo industrial militar, las empresas petroleras cuya posición se ve afectada por la estabilidad o inestabilidad del Golfo, y las facciones neoconservadoras que llevan décadas propugnando el cambio de régimen en Irán como objetivo estratégico central. Ninguno de estos actores fue elegido por el pueblo estadounidense. Todos tienen acceso directo a quienes sí lo fueron.

La pregunta de quién gobierna realmente no tiene una respuesta simple. Pero sí tiene respuesta: no gobierna únicamente el presidente electo. Gobiernan también las instituciones, los lobbies, los intereses económicos y estratégicos que trascienden los mandatos presidenciales y que producen una continuidad de política exterior que sobrevive a los cambios de administración con una coherencia que ningún votante eligió explícitamente.

Las Petromonarquías y la soberanía que no tienen 

La otra pregunta del texto base merece desarrollo propio: ¿por qué las petromonarquías de Oriente Medio —Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Kuwait, los Emiratos— tienen bases militares estadounidenses en su territorio y actúan como si no tuvieran soberanía plena sobre su política exterior?

La respuesta tiene capas históricas y económicas que se entrelazan. La primera capa es la del petrodólar: desde los acuerdos Nixon-Faisal de 1973-1974, el petróleo del Golfo se comercia en dólares, lo que da al sistema financiero estadounidense un privilegio estructural que depende de la estabilidad política de esas monarquías y de su alineamiento con Washington. La segunda capa es la de la seguridad: las familias gobernantes de esos países dependen de la protección estadounidense frente a amenazas internas y regionales, lo que convierte a las bases militares no en una imposición sino en una contraprestación de un acuerdo que ambas partes consideran conveniente. La tercera capa es la ideológica: el islam político de tipo iraní o de tipo Hermanos Musulmanes representa una amenaza existencial para las monarquías del Golfo que coincide con los intereses estadounidenses en contenerlo.

El resultado es que países con enormes recursos naturales y poblaciones significativas operan en política exterior con un margen de autonomía real mucho menor del que su soberanía formal sugiere. Irán, con todos sus problemas internos es, paradójicamente, uno de los pocos Estados de la región que ha mantenido una política exterior autónoma frente a Washington. Eso lo convierte en amenaza. No porque sea democrático —no lo es en los términos occidentales— sino porque no es obediente.

Rusia, China y el reordenamiento del mundo

La guerra contra Irán no ocurre en el vacío geopolítico. Ocurre en el contexto de un reordenamiento mundial en curso que lleva más de una década gestándose y que esta guerra probablemente acelera de maneras que las potencias occidentales no calcularon suficientemente.

China e Irán firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años que incluye inversión china en infraestructura iraní a cambio de suministro petrolero preferencial. La destrucción de la capacidad productiva y exportadora de Irán —incluyendo los ataques sobre la isla de Kharg, por donde pasa el 90% de las exportaciones de crudo iraní— afecta directamente los intereses chinos. Pekín (hasta ahora) no va a intervenir militarmente, pero la guerra acelerará su disposición a construir arquitecturas financieras y comerciales alternativas al sistema dominado por el dólar.

Rusia, por su parte, observa con interés estratégico cómo la operación estadounidense en Irán satura los recursos militares y la atención política de Washington, reduciendo la presión sobre sus propios intereses en Ucrania y en el espacio post-soviético. La guerra en Irán es, para Moscú, un dividendo geopolítico indirecto que no le cuesta nada. Rusia ha expresado condena verbal de la operación en el Consejo de Seguridad —junto a China— pero no ha tomado medidas que impliquen costos reales para ella.

Lo que sí está ocurriendo es una aceleración del proceso de desdolarización y de construcción de instituciones multilaterales alternativas a las dominadas por Occidente. El BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai, los mecanismos de pago bilaterales que evitan el sistema SWIFT: todo eso se hace más atractivo para los países del Sur Global que observan cómo el orden internacional basado en reglas que Occidente proclama es el mismo que Occidente suspende cuando sus aliados atacan Estados soberanos. La brecha entre el discurso occidental sobre el derecho internacional y su aplicación selectiva es el mayor recurso de reclutamiento que tienen las potencias alternativas.

Cada vez que Occidente invoca el derecho internacional para condenar a Rusia en Ucrania y lo suspende para cubrir a Israel en Gaza o en Irán, o hace lo mismo con China respecto a la situación de Taiwán solo queda reflejado la hipocresía occidental y que las reglas no son universales sino instrumentos del poder del que se cree más fuerte (aunque no lo son).

El pueblo iraní

Ya hablé de mi admiración personal a la cultura, la historia y la valentía del pueblo persa. En la actualidad, el gobierno de Irán está a cargo de casi 90 millones de personas. Muchos de sus habitantes (como pasa en todos los países del mundo) rechazan la forma de gobierno y ha habido en el pasado, varias protestas en el país que lo demuestran. Esas personas no son responsables de las políticas de su gobierno. Y esas personas son parte de las que están muriendo bajo los bombardeos: más de 1.350 civiles documentados en tres semanas, incluyendo las niñas de la escuela de Minab que mencionaba anteriormente.

La dignidad del pueblo iraní no depende de la legitimidad de su gobierno por parte de occidente. Depende del principio, elemental y no negociable, de que los civiles no son objetivos militares y de que la destrucción de un país no es el camino para liberar a su pueblo. La historia de los bombardeos «liberadores» en Iraq, en Libia, en Afganistán, debería haber enseñado esa lección. Aparentemente, no lo hizo.

Lo que sí es documentable es la respuesta del pueblo iraní a la agresión: las multitudes en las plazas de Teherán y otras ciudades que lloraron la muerte de Jamenei no como fans del régimen sino como ciudadanos bajo ataque. El nacionalismo iraní —que es anterior al islam político y que sobrevivió al sha, a la revolución y a ocho años de guerra con Iraq— se activa cuando el país es atacado desde afuera, independientemente de cómo se sientan los iraníes respecto de sus propios gobernantes. Eso no es paradójico: es humano. Y es el tipo de consecuencia que los estrategas de la Operación Epic Fury aparentemente no calcularon.

Las preguntas que quedan

¿Cuál es el objetivo de esta guerra? Los objetivos declarados —destruir el programa nuclear iraní, cambiar el régimen— tienen problemas serios. Los programas nucleares no se destruyen permanentemente con bombardeos: los conocimientos científicos sobreviven a las instalaciones físicas, y un régimen que sobreviva a este ataque —o el que lo reemplace— tendrá razones aún más poderosas para buscar la disuasión nuclear que ningún tratado le ofrezca garantías. La historia de Corea del Norte es el antecedente más elocuente.

¿A quién responde esta guerra? Responde a una convergencia de intereses que incluyen la propaganda israelí, los intereses del complejo industrial militar estadounidense, y la agenda neoconservadora de reconfiguración del Medio Oriente que lleva décadas sin producir los resultados prometidos.

¿Quién le da a Estados Unidos la autoridad para ser policía del mundo? Nadie. Se la tomó, con el consenso pasivo de las potencias que se benefician del orden que esa policía sostiene y con la oposición creciente de las que no. Ese consenso se está erosionando. Esta guerra lo erosiona más.

Y mientras tanto, en una ciudad llamada Minab, hay una escuela primaria de niñas que el 28 de febrero de 2026 fue alcanzada por la excursión. Sus nombres no aparecen en los partes de operaciones. Sus familias no tienen acceso a ningún mecanismo de rendición de cuentas. El Pentágono sigue revisando los informes.

¡Ay de los que dictan leyes injustas y de los que redactan decretos opresivos! ¿Qué haréis en el día del castigo? — Isaías 10:1,3

Fuente de la imagen del colegio atacado: Mehr News Agency

— Fin del comunicado del capitán—

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EL ESTADO GENOCIDA SIONISTA Y SU TEATRO DE LA VICTIMIZACIÓN

En su papel de víctima, como siempre

No puedo creer la hipocresía del Estado sionista, ese invento artificial en Medio Oriente que no deja de sorprenderme con su teatro barato. Ahora se hacen los víctimas, lloran por los misiles lanzados por Irán como si fueran inocentes, cuando ellos mismos son los que primero atacaron, los que iniciaron la agresión.

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A LOS HÉROES DE MALVINAS

 

A nuestros héroes, los veteranos y caídos en el conflicto de Malvinas y el Atlántico Sur.

Hoy no es un día más en el calendario de los argentinos así que, decidí escribir estas pequeñas palabras para expresar mi más profundo amor y el mayor agradecimiento hacia todos ustedes, los que están y los que ya partieron de este mundo. Sé que probablemente no me conozcan, aunque yo a varios de ustedes sí que lo he hecho. 

Desde mi infancia, me crie en la hermosa capital de nuestras islas del Atlántico sur (Ushuaia) por lo cual todo lo que rodea al tema Malvinas y a la usurpación de nuestros territorios por una potencial colonizadora extranjera, se siente de una manera muy especial en nosotros. Me acuerdo todavía, cuando siendo pequeño, pasaba la vigilia del 2 de abril a la intemperie del clima fueguino para imaginar, aunque solo sea una fracción de lo mínimo, todo el sacrificio que pasaron ustedes en todos los días que duró el conflicto luchando por cada metro del difícil terreno de Malvinas, bajo el frío helado de nuestro sur, el viento y la lluvia. Estando lejos de sus hogares, de sus familias y de todo a lo que estaban acostumbrados. 

Lamentablemente también, puedo imaginar el dolor, el miedo y la tristeza que sintieron muchos de ustedes que, aunque muchos pudieron retornar a sus hogares, no encontraron el recibimiento que merecían por parte de gran parte de la sociedad.

Toda mi vida, he escuchado hablar de las Malvinas y de las causas que llegaron al conflicto de 1982 y sus consecuencias. Con el paso de los años, comencé a comprender mejor lo que ocurrió y a valorar la enorme importancia que todas estas islas del Atlántico Sur tienen para nuestro país y para nuestra historia. La sangre derramada de nuestros soldados todavía reclama justicia ante la ilegalidad del usurpador pirata.

Ustedes veteranos y caídos, hombres y mujeres que realmente lo dieron todo frente a todas las adversidades y la tragedia que trae un conflicto que de ya partida era muy desigual. Muchos inclusive dieron hasta el último aliento por defender la integridad territorial de nuestro país y la legítima e irrenunciable soberanía que la República Argentina tiene sobre las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur. Ustedes son nuestros héroes y siempre serán recordados y honrados por todos los que amamos nuestra hermosa Argentina. Ustedes representan lo mejor de nuestro país: la valentía, el coraje, el amor a la patria y la lucha por lo que tenemos la firme convicción, nos pertenece como nación. Sé que la guerra dejó heridas profundas en todos ustedes, tanto físicas como emocionales. Sé que hay recuerdos dolorosos que todavía los persiguen. Sé que a muchos las instituciones del estado no le han pagado por su generosidad con la patria, pero quiero que sepan que no están solos. Hay una generación de jóvenes como yo, que aunque ni siquiera habíamos nacido en tiempos del conflicto, los admiramos y los respetamos profundamente. Hemos aprendido de su ejemplo y nos sentimos enormemente agradecidos por lo que hicieron por nosotros, por nuestros padres y por las generaciones que vendrán. 

Todos ustedes son hoy, los guardianes de nuestra historia, de nuestra identidad como argentinos y de nuestros valores y todos nosotros nos comprometemos a mantener viva por siempre la Causa Malvinas hasta que las islas retornen a nosotros, los legítimos dueños de nuestra perla austral. Todos los argentinos que amamos a nuestro país, estamos bajo la misma bandera que nos une y es la de la soberanía nacional, sin importar la raza, el género, la religión, la condición social o las ideologías individuales de cada uno.

¡Las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur fueron, son y serán ARGENTINAS!

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